El colapso del propósito gubernamental en los Estados Unidos

 

El colapso del propósito gubernamental en los Estados Unidos

por Germánico Vaca

Los Estados Unidos de América atraviesan una de las crisis de gobernanza más graves de su historia. Esta crisis no es únicamente política; es institucional y moral. En su núcleo se encuentra un fracaso fundamental del liderazgo: el aparente abandono, por parte del Presidente de los Estados Unidos, del propósito mismo para el cual existe el gobierno.

El presidente no es un monarca, ni un caudillo, ni la encarnación del Estado. El presidente es un servidor público, juramentado para actuar en beneficio del pueblo y para defender la Constitución. El Poder Ejecutivo existe para administrar el gobierno en favor del bien común: fortalecer la infraestructura nacional, ampliar las oportunidades económicas, salvaguardar los derechos civiles y promover el bienestar de todos los estadounidenses, sin importar raza, religión, origen o afiliación política.

Ese propósito ha sido abandonado.

Un gobierno funcional invierte en su futuro construyendo carreteras, puentes, puertos, túneles e infraestructura crítica que incrementan la prosperidad y la resiliencia nacional. Trabaja para mejorar la vida de todos sus ciudadanos. En cambio, la actual administración ha adoptado políticas basadas en la división, la persecución racial y la fragmentación social deliberada. Personas están siendo perseguidas, detenidas y deportadas por su apariencia, incluso cuando son ciudadanos. Esto no es gobernar; es discriminación disfrazada de autoridad.

El gobierno existe para gestionar las complejidades de la sociedad, especialmente en tiempos de disrupción. Hoy, la nación enfrenta una pérdida masiva de empleos debido a la automatización y la inteligencia artificial, inestabilidad económica y una desigualdad creciente. En lugar de coordinar soluciones, aplicar reglas compartidas y proporcionar estabilidad, la administración ha elegido el caos. Socava activamente las normas legales, la confianza económica y la cohesión social.

El gobierno de los Estados Unidos fue creado para proporcionar el marco en el cual las personas pudieran perseguir la felicidad bajo el imperio de la ley. Esa misión ha sido reemplazada por una política de agravios y poder personal. El mundo solía mirar a los Estados Unidos como un líder basado en valores democráticos compartidos. Esos días parecen estar desvaneciéndose.

Militarización y erosión del orden constitucional

Todo estadounidense tiene derecho a sentirse seguro. La Constitución asigna al gobierno la responsabilidad de garantizar la paz interna y la defensa externa. Sin embargo, el despliegue de fuerzas militares dentro de ciudades estadounidenses para gestionar asuntos civiles contradice directamente los principios constitucionales.

La aplicación de la ley —no el ejército— es la encargada de mantener el orden público. Las agencias policiales están sujetas al debido proceso, a la causa probable y a la supervisión civil. El uso de fuerzas armadas para la vigilancia interna erosiona los límites constitucionales y amenaza las libertades civiles. Un gobierno que recurre a la fuerza militar contra su propia población ya ha comenzado a fracasar.

El colapso de los pesos y contrapesos

El Fiscal General debe servir al pueblo estadounidense, no proteger al poder de la rendición de cuentas. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha sido reducido a un instrumento político. Las órdenes judiciales son ignoradas. La autoridad del poder judicial es socavada. El sistema constitucional de pesos y contrapesos —diseñado precisamente para evitar este tipo de abusos— ha sido debilitado sistemáticamente.

El poder judicial existe para interpretar la ley, administrar justicia y resolver conflictos de manera pacífica. Cuando el poder ejecutivo desobedece decisiones judiciales, el estado de derecho colapsa. Los jueces son amenazados, intimidados y deslegitimados. Así es como fracasan los sistemas legales: no de manera repentina, sino a través de una erosión constante.

Seguridad nacional y crisis de confianza

En el ámbito externo, el gobierno federal tiene el deber sagrado de proteger a la nación mediante la diplomacia y la defensa militar. Esa responsabilidad se vuelve imposible cuando investigaciones creíbles plantean dudas sobre la integridad de la seguridad nacional al más alto nivel.

Ninguna persona que haya traicionado los intereses nacionales —poniendo en peligro activos de inteligencia, estrategias militares o la seguridad de aliados— puede ejercer legítimamente el liderazgo del mundo libre. La defensa nacional requiere confianza. Una vez quebrada, las alianzas se fracturan y la disuasión falla.

El desmantelamiento de los bienes públicos y del bienestar social

Los gobiernos existen para proporcionar bienes públicos que los mercados privados no pueden suministrar de manera fiable, especialmente durante crisis. La infraestructura, la respuesta a desastres, los servicios de emergencia y la protección ambiental son pilares de la estabilidad nacional.

Sin embargo, esta administración ha intentado desmantelar FEMA, recortar la preparación ante desastres y desviar fondos asignados por el Congreso de sus fines legales. Estas acciones violan directamente la separación constitucional de poderes y ponen en riesgo a millones de personas.

La educación pública —probablemente la inversión más importante que puede hacer una nación— también ha sido atacada. El desmantelamiento del Departamento de Educación, los ataques a las universidades y la hostilidad hacia los educadores debilitan el futuro del país. Una sociedad que deja de invertir en sus hijos es una sociedad en decadencia.

Salud pública y bienestar humano

Un gobierno funcional protege la salud pública mediante la investigación, la prevención y el acceso a la atención médica. En cambio, se han recortado fondos para la investigación del cáncer y para programas de tratamiento pediátrico. Hospitales están cerrando. Parques nacionales y protecciones ambientales están siendo eliminados.

Las redes de seguridad social existen para evitar que la desesperación se convierta en colapso. Su destrucción no es responsabilidad fiscal; es una abdicación moral.

El ataque a los derechos constitucionales

La Constitución existe para proteger la libertad individual frente al abuso gubernamental. La Carta de Derechos limita el poder del Estado para garantizar la libertad de expresión, religión, reunión y el debido proceso.

Sin embargo, a diario se ignoran estas protecciones constitucionales. Personas son detenidas y deportadas sin debido proceso. Se ataca la ciudadanía por nacimiento, consagrada por inmigrantes que fundaron esta nación. La Constitución fue escrita por inmigrantes, para inmigrantes, para proteger a todas las personas, no solo a aquellas favorecidas por el poder.

Mala gestión económica y favoritismo corporativo

La estabilidad económica requiere un gobierno que respete la ley. La facultad de imponer impuestos corresponde al Congreso. Sin embargo, los aranceles —que en la práctica son impuestos a los estadounidenses— se imponen unilateralmente y se presentan falsamente como pagos de otros países. En realidad, los aranceles elevan los precios, generan inflación y castigan a consumidores y agricultores.

La administración ha desmantelado protecciones al consumidor, fortalecido monopolios y favorecido a corporaciones políticamente alineadas. Las agencias reguladoras encargadas de garantizar mercados justos y productos seguros han sido desfinanciadas o eliminadas.

Las promesas de inversión extranjera basadas en amenazas arancelarias son ilusiones. Los gobiernos no obligan a las empresas a invertir; lo hacen los mercados. Estas políticas han desestabilizado el comercio global, perjudicado al agricultor estadounidense y aislado a la industria nacional.

Conclusión

Un gobierno que funciona adecuadamente fomenta la innovación, la equidad y un crecimiento sostenible. Esta administración no hace nada de eso. En su lugar, promueve la lealtad personal, el favoritismo corporativo y la ambición dinástica.

Los Estados Unidos no son un reino.
No son una dinastía.
Son una república constitucional.

Cuando el gobierno abandona su propósito —cuando deja de servir al pueblo, respetar la ley y proteger la libertad— pierde su legitimidad.

Y la historia no es indulgente con las naciones que olvidan por qué fueron fundadas.

The Collapse of Governmental Purpose in the United States

 

The Collapse of Governmental Purpose in the United States

by Germanico Vaca

The United States of America is enduring one of the gravest crises of governance in its history. This crisis is not merely political; it is institutional and moral. At its core lies a fundamental failure of leadership—an apparent abandonment by the President of the United States of the very purpose for which government exists.

The president is not a monarch, nor a strongman, nor the embodiment of the state. The president is a public servant, sworn to act in the interest of the people and to uphold the Constitution. The executive branch exists to administer government for the common good: to strengthen national infrastructure, improve economic opportunity, safeguard civil rights, and promote the welfare of all Americans—regardless of race, religion, origin, or political affiliation.

That purpose has been forsaken.

A functioning government invests in its future by building roads, bridges, ports, tunnels, and critical infrastructure that increase national prosperity and resilience. It works to improve the lives of all citizens. Instead, the present administration has embraced policies rooted in division, racial targeting, and deliberate social fragmentation. Individuals are being persecuted, detained, and deported based on appearance alone—even when they are citizens. This is not governance; it is discrimination masquerading as authority.

Government exists to manage the complexities of society, especially in times of disruption. Today, the nation faces massive job displacement from automation and artificial intelligence, economic instability, and widening inequality. Rather than coordinating solutions, enforcing shared rules, and providing stability, the administration has chosen chaos. It actively undermines legal norms, economic confidence, and social cohesion.

The United States government was created to provide the framework in which people could pursue happiness under the rule of law. That mission has been replaced by a politics of grievance and personal power. The world once looked to the United States for leadership grounded in shared democratic values. Those days appear to be fading.

Militarization and the Erosion of Constitutional Order

Every American has the right to feel safe. The Constitution assigns the government the responsibility of ensuring domestic peace and external defense. Yet the deployment of military forces within American cities to manage civil matters directly contradicts constitutional principles.

Law enforcement—not the military—is tasked with maintaining public order. Police agencies are bound by due process, probable cause, and civilian oversight. The use of armed forces for domestic policing erodes constitutional boundaries and threatens civil liberty. A government that relies on military force against its own population has already begun to fail.

Collapse of Checks and Balances

The Attorney General is meant to serve the American people, not shield power from accountability. Yet the Department of Justice has been reduced to a political instrument. Court orders are ignored. Judicial authority is undermined. The constitutional system of checks and balances—designed to prevent exactly this abuse—has been systematically weakened.

The judiciary exists to interpret the law, administer justice, and resolve disputes peacefully. When executive power disregards court rulings, the rule of law collapses. Judges are threatened, intimidated, and delegitimized. This is how legal systems fail—not suddenly, but through sustained erosion.

National Security and the Crisis of Trust

Externally, the federal government has a sacred duty to protect the nation through diplomacy and military defense. That responsibility becomes impossible when credible investigations raise questions about the compromise of national security at the highest level.

No individual who has betrayed national interests—by endangering intelligence assets, military strategy, or allied security—can credibly serve as leader of the free world. National defense requires trust. Once that trust is broken, alliances fracture and deterrence fails.

Dismantling Public Goods and Social Welfare

Governments exist to provide public goods that private markets cannot reliably supply—especially during crises. Infrastructure, disaster response, emergency services, and environmental protection are foundational to national stability.

Yet this administration has attempted to dismantle FEMA, defund disaster preparedness, and divert congressionally appropriated funds away from their lawful purpose. These actions directly violate constitutional separation of powers and place millions at risk.

Public education—arguably the most important investment any nation can make—has also been targeted. The dismantling of the Department of Education, attacks on universities, and hostility toward educators weaken the nation’s future. A society that underinvests in its children is a society in decline.

Public Health and Human Welfare

A functional government safeguards public health through research, prevention, and access to care. Instead, funding for cancer research and pediatric treatment programs has been cut. Hospitals are closing. National parks and environmental protections are being eliminated.

Social safety nets exist to prevent desperation from becoming collapse. Their destruction is not fiscal responsibility—it is moral abdication.

Assault on Constitutional Rights

The Constitution exists to protect individual liberty from government abuse. The Bill of Rights limits state power to ensure freedom of speech, religion, assembly, and due process.

Yet daily, constitutional protections are ignored. People are detained and deported without due process. Birthright citizenship—enshrined by immigrants who founded this nation—is attacked. The Constitution was written by immigrants, for immigrants, to protect all persons—not just those favored by power.

Economic Mismanagement and Corporate Favoritism

Economic stability requires lawful governance. Taxation is a power reserved to Congress. Yet tariffs—functionally taxes on Americans—are imposed unilaterally and falsely portrayed as payments from foreign nations. In reality, tariffs raise prices, fuel inflation, and punish consumers and farmers alike.

The administration has dismantled consumer protections, empowered monopolies, and favored politically aligned corporations. Regulatory agencies tasked with ensuring fair markets and safe products are defunded or eliminated.

Promises of foreign investment based on tariff threats are illusions. Governments do not command corporations to invest; markets do. These policies have destabilized global trade, harmed American farmers, and isolated U.S. industry.

Conclusion

A well-functioning government fosters innovation, fairness, and sustainable growth. This administration does none of these. Instead, it advances personal loyalty, corporate favoritism, and dynastic ambition.

The United States is not a kingdom. It is not a dynasty. It is a constitutional republic.

When government abandons its purpose—when it no longer serves the people, respects the law, or protects liberty—it ceases to be legitimate.

And history is unforgiving to nations that forget why they were founded.