El colapso del propósito gubernamental en los Estados Unidos
Los Estados Unidos de América atraviesan una de las crisis de gobernanza más graves de su historia. Esta crisis no es únicamente política; es institucional y moral. En su núcleo se encuentra un fracaso fundamental del liderazgo: el aparente abandono, por parte del Presidente de los Estados Unidos, del propósito mismo para el cual existe el gobierno.
El presidente no es un monarca, ni un caudillo, ni la encarnación del Estado. El presidente es un servidor público, juramentado para actuar en beneficio del pueblo y para defender la Constitución. El Poder Ejecutivo existe para administrar el gobierno en favor del bien común: fortalecer la infraestructura nacional, ampliar las oportunidades económicas, salvaguardar los derechos civiles y promover el bienestar de todos los estadounidenses, sin importar raza, religión, origen o afiliación política.
Ese propósito ha sido abandonado.
Un gobierno funcional invierte en su futuro construyendo carreteras, puentes, puertos, túneles e infraestructura crítica que incrementan la prosperidad y la resiliencia nacional. Trabaja para mejorar la vida de todos sus ciudadanos. En cambio, la actual administración ha adoptado políticas basadas en la división, la persecución racial y la fragmentación social deliberada. Personas están siendo perseguidas, detenidas y deportadas por su apariencia, incluso cuando son ciudadanos. Esto no es gobernar; es discriminación disfrazada de autoridad.
El gobierno existe para gestionar las complejidades de la sociedad, especialmente en tiempos de disrupción. Hoy, la nación enfrenta una pérdida masiva de empleos debido a la automatización y la inteligencia artificial, inestabilidad económica y una desigualdad creciente. En lugar de coordinar soluciones, aplicar reglas compartidas y proporcionar estabilidad, la administración ha elegido el caos. Socava activamente las normas legales, la confianza económica y la cohesión social.
El gobierno de los Estados Unidos fue creado para proporcionar el marco en el cual las personas pudieran perseguir la felicidad bajo el imperio de la ley. Esa misión ha sido reemplazada por una política de agravios y poder personal. El mundo solía mirar a los Estados Unidos como un líder basado en valores democráticos compartidos. Esos días parecen estar desvaneciéndose.
Militarización y erosión del orden constitucional
Todo estadounidense tiene derecho a sentirse seguro. La Constitución asigna al gobierno la responsabilidad de garantizar la paz interna y la defensa externa. Sin embargo, el despliegue de fuerzas militares dentro de ciudades estadounidenses para gestionar asuntos civiles contradice directamente los principios constitucionales.
La aplicación de la ley —no el ejército— es la encargada de mantener el orden público. Las agencias policiales están sujetas al debido proceso, a la causa probable y a la supervisión civil. El uso de fuerzas armadas para la vigilancia interna erosiona los límites constitucionales y amenaza las libertades civiles. Un gobierno que recurre a la fuerza militar contra su propia población ya ha comenzado a fracasar.
El colapso de los pesos y contrapesos
El Fiscal General debe servir al pueblo estadounidense, no proteger al poder de la rendición de cuentas. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha sido reducido a un instrumento político. Las órdenes judiciales son ignoradas. La autoridad del poder judicial es socavada. El sistema constitucional de pesos y contrapesos —diseñado precisamente para evitar este tipo de abusos— ha sido debilitado sistemáticamente.
El poder judicial existe para interpretar la ley, administrar justicia y resolver conflictos de manera pacífica. Cuando el poder ejecutivo desobedece decisiones judiciales, el estado de derecho colapsa. Los jueces son amenazados, intimidados y deslegitimados. Así es como fracasan los sistemas legales: no de manera repentina, sino a través de una erosión constante.
Seguridad nacional y crisis de confianza
En el ámbito externo, el gobierno federal tiene el deber sagrado de proteger a la nación mediante la diplomacia y la defensa militar. Esa responsabilidad se vuelve imposible cuando investigaciones creíbles plantean dudas sobre la integridad de la seguridad nacional al más alto nivel.
Ninguna persona que haya traicionado los intereses nacionales —poniendo en peligro activos de inteligencia, estrategias militares o la seguridad de aliados— puede ejercer legítimamente el liderazgo del mundo libre. La defensa nacional requiere confianza. Una vez quebrada, las alianzas se fracturan y la disuasión falla.
El desmantelamiento de los bienes públicos y del bienestar social
Los gobiernos existen para proporcionar bienes públicos que los mercados privados no pueden suministrar de manera fiable, especialmente durante crisis. La infraestructura, la respuesta a desastres, los servicios de emergencia y la protección ambiental son pilares de la estabilidad nacional.
Sin embargo, esta administración ha intentado desmantelar FEMA, recortar la preparación ante desastres y desviar fondos asignados por el Congreso de sus fines legales. Estas acciones violan directamente la separación constitucional de poderes y ponen en riesgo a millones de personas.
La educación pública —probablemente la inversión más importante que puede hacer una nación— también ha sido atacada. El desmantelamiento del Departamento de Educación, los ataques a las universidades y la hostilidad hacia los educadores debilitan el futuro del país. Una sociedad que deja de invertir en sus hijos es una sociedad en decadencia.
Salud pública y bienestar humano
Un gobierno funcional protege la salud pública mediante la investigación, la prevención y el acceso a la atención médica. En cambio, se han recortado fondos para la investigación del cáncer y para programas de tratamiento pediátrico. Hospitales están cerrando. Parques nacionales y protecciones ambientales están siendo eliminados.
Las redes de seguridad social existen para evitar que la desesperación se convierta en colapso. Su destrucción no es responsabilidad fiscal; es una abdicación moral.
El ataque a los derechos constitucionales
La Constitución existe para proteger la libertad individual frente al abuso gubernamental. La Carta de Derechos limita el poder del Estado para garantizar la libertad de expresión, religión, reunión y el debido proceso.
Sin embargo, a diario se ignoran estas protecciones constitucionales. Personas son detenidas y deportadas sin debido proceso. Se ataca la ciudadanía por nacimiento, consagrada por inmigrantes que fundaron esta nación. La Constitución fue escrita por inmigrantes, para inmigrantes, para proteger a todas las personas, no solo a aquellas favorecidas por el poder.
Mala gestión económica y favoritismo corporativo
La estabilidad económica requiere un gobierno que respete la ley. La facultad de imponer impuestos corresponde al Congreso. Sin embargo, los aranceles —que en la práctica son impuestos a los estadounidenses— se imponen unilateralmente y se presentan falsamente como pagos de otros países. En realidad, los aranceles elevan los precios, generan inflación y castigan a consumidores y agricultores.
La administración ha desmantelado protecciones al consumidor, fortalecido monopolios y favorecido a corporaciones políticamente alineadas. Las agencias reguladoras encargadas de garantizar mercados justos y productos seguros han sido desfinanciadas o eliminadas.
Las promesas de inversión extranjera basadas en amenazas arancelarias son ilusiones. Los gobiernos no obligan a las empresas a invertir; lo hacen los mercados. Estas políticas han desestabilizado el comercio global, perjudicado al agricultor estadounidense y aislado a la industria nacional.
Conclusión
Un gobierno que funciona adecuadamente fomenta la innovación, la equidad y un crecimiento sostenible. Esta administración no hace nada de eso. En su lugar, promueve la lealtad personal, el favoritismo corporativo y la ambición dinástica.
Los Estados Unidos no son un reino.
No son una dinastía.
Son una república constitucional.
Cuando el gobierno abandona su propósito —cuando deja de servir al pueblo, respetar la ley y proteger la libertad— pierde su legitimidad.
Y la historia no es indulgente con las naciones que olvidan por qué fueron fundadas.
